El expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue
condenado a nueve años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero,
causando asombro y escándalo en la esfera de la izquierda latinoamericana.
Esta es la primera condena que recibe el
exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la
Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.
Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción
pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido 3.7 millones de
reales (1.1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos
entre la constructora OAS y Petrobras. El pago de esas coimas se habría
materializado en la reserva y reforma de un apartamento triple en el balneario
de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento
de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).
El inmueble aparece en los registros como propiedad
de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras,
pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido
en concepto de soborno, es decir, a cambio de "favores" hechos desde
el poder a esa constructora.
A pesar de la condena, el exmandatario aún puede
aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo
sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia.
Lula aparece actualmente como el líder más valorado
en las encuestas y aunque aún no ha lo ha hecho oficial, ha manifestado en
repetidas ocasiones su deseo de volver a competir en unos comicios.
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